Luis Pomed Sánchez
Escribo estas líneas alborozado, henchido de emoción tras leer la noticia de que el Senado, nuestra cámara más que alta, espigada, ha dado el espaldarazo final a la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. ¡Qué bonito gesto y qué nobleza demuestran todos cuantos han contribuido a la culminación de esta obra jurídica de extraordinaria precisión! Ahí es nada: dotar de personalidad jurídica al Mar Menor.
Se han apresurado algunos diligentes académicos a buscar equivalencias en el universo mundo y las han encontrado principalmente en países anglosajones. Una pena que hayan olvidado la historia europea, que tan beneméritos ejemplos nos proporciona al respecto. Recuérdese que Cayo Julio César Augusto Germánico, Calígula para los íntimos, ya tuvo el bello gesto de nombrar cónsul a su caballo Incitatus. Al parecer, la ejecutoria del rucio fue ejemplar, modelo de buen gobierno y acierto en el manejo de la cosa pública; no mereció crítica alguna ni fue objeto de censura. Eran otros tiempos.
Con el pasar de los siglos se hizo famoso Bartolomée Chassenée, a quien el obispo de Autun le encargó, allá por 1522, la representación y defensa letrada de una plaga de ratas acusadas de infestar el territorio y causar daños a personas y bienes. Este abogado actuó con especial acierto y denunció que sus defendidas no habían sido emplazadas al proceso, causando así indefensión a estos tiernos roedores. Cierto es que nunca obtuvo el agradecimiento de sus clientes, remisas al trato personal, pero le cupo el honor de ver recompensados sus desvelos garantistas con la promoción a la dignidad episcopal. Nunca abogado de oficio se viera tan bien pagado.
La Revolución Francesa lo puso todo patas arriba e introdujo conceptos como los de derechos subjetivos, dignidad de las personas, políticas públicas… que dificultaban seguir formando juicio a las ratas, los cerdos y otras bestias no humanas. No han faltado, sin embargo, de entonces acá ejemplos de bravos luchadores que han tratado de recuperar lo mejor de la Edad Media. Es el caso de aquel inefable ministro del Interior que otorgó una medalla a la Virgen del Pilar, o de la legión de individuos de la clase de tropa y marinería que afirmaban que tal o cual instalación militar o parte de ella se encontraba “arrestada”, cuando querían decir que se hallaba clausurada, temporal o definitivamente. Fallas del lenguaje.
La ley, de bella factura literaria y simpar precisión jurídica, concede hasta cuatro derechos al Mar Menor (a existir y evolucionar naturalmente, a la protección, a la conservación y a la restauración). Con indudable acierto y buen criterio, nuestro legislador ha sabido combinar la atribución de personalidad jurídica y el reconocimiento de derechos con la disposición de técnicas de protección de indudable eficacia. Es así como se crean tres órganos de protección: comité de representantes, comisión de seguimiento y comité científico, que, juntamente conforman la Tutoría del Mar Menor. Llegados a este punto, las aguas del ecosistema han adquirido ya un envidiable color azul turquesa. Y es que la calidad de las aguas solo puede crecer si reparamos en que “la ciudadanía” (sic) ostenta la mayoría en la Comisión de Seguimiento: siete de sus trece miembros son “ciudadanos” (ignoro si los otros seis son inmuebles, semovientes o medio pensionistas). Más concretamente, esos siete “ciudadanos” serán “los miembros del grupo promotor de la iniciativa legislativa popular”. Poco será lo que se haga en honor a estos siete magníficos que, arrostrando todo tipo de prejuicios, surgidos en ocasiones del conocimiento del Derecho y de la legislación ambiental, han impulsado esta filigrana jurídica de extraordinaria precisión, que asombrará a las generaciones futuras.
Al cerrar estas líneas recibo la noticia de que las caras de Bélmez han acudido al Tribunal Constitucional reclamando el reconocimiento de su derecho a la propia imagen. La degradación de conceptos capitales para el Estado de Derecho avanza a paso firme sin hallar apenas resistencia.
