La democracia contemporánea, obra humana y por ende imperfecta, tiene algo de homeopática. Precisa, o cuando menos incorpora, para su funcionamiento, ciertas dosis de populismo y polarización cuyo incremento podría resultar fatal para el sistema. Al populismo bien temperado responde la proclamación de que todos los poderes de un Estado emanan del pueblo; su ingesta excesiva lleva a soluciones plebiscitarias y asamblearias que arrumban con los derechos de las minorías. La polarización, entendida según la tercera acepción del Diccionario de la Lengua España como “orientación en dos —cuando menos, cabría añadir— direcciones contrapuestas”, facilita la participación política de los ciudadanos; sin diques que la contengan desborda los cauces de la convivencia y hace imposible la armonía y paz social.
Algunos de esos diques los alza la norma fundante del ordenamiento jurídico. Las constituciones democráticas presentan el diseño arquitectónico de un edificio asentado sobre los cimientos de la proclamación del pueblo como sujeto legitimador de los poderes públicos y rematado por la clave de bóveda de la independencia judicial. Ciertamente, esta independencia es el residuo de la vieja aspiración a hacer de la burocracia el timonel de la nave del Estado que podía permanecer ajeno a los cantos de sirenas de la política partidista. Pero no es menos cierto que esa misma independencia es la principal garantía de la primacía del Derecho, de la no supeditación del ejercicio de la potestad jurisdiccional a los intereses de la política gubernamental. El juez que, en el ejercicio de su función, renuncia a su independencia, defrauda la confianza que en él ha depositado la sociedad y mancilla la consideración de la ley como expresión de la voluntad general. Desgraciadamente, no puede decirse que la garantía constitucional de la independencia judicial atraviese su mejor momento desde el punto y hora que los políticos han abierto la veda de la crítica a los jueces, que no a sus decisiones, siempre sujetas al escrutinio público.
El legislador, especialmente en los primeros años de nuestra vida democrática, apostó por la neutralización de algunos ámbitos especialmente sensibles de la vida económica y social. Así, estableció una serie de administraciones independientes cuya relación con la administración de la que dependían se trababa en términos de estricta legalidad, desmantelando con ellos los poderes de dirección. Fue el caso del Banco de España, Radio Televisión Española, el Consejo de Seguridad Nuclear… De todos es sabido que la independencia de RTVE ha permanecido prácticamente inédita, en gran medida porque los sucesivos intentos de hacerla real se han saldado con escandalosos incumplimientos atribuibles a los dos partidos que se han sucedido en la gobernación —es un decir— de España. Lo triste es que la patología se ha convertido en norma y ya ni tan siquiera se alzan voces pidiendo una reflexión sobre el sentido y la función que deben cumplir las televisiones públicas en un mercado saturado y languideciente. En el caso del Banco de España, la simpática propuesta de trasladar a setecientos kilómetros a quienes laboran en uno de los servicios más prestigiosos del sector público, el Servicio de Estudios, no parece responder al deseo de desconcentrar el Estado, que no precisa desconcentración alguna, sino de amedrentar al díscolo.
En fin, a lo largo de las últimas décadas hemos visto otro ejemplo convencional de neutralización: los llamados “pactos de Estado”. Verdadero cajón de sastre en cuyo interior hallamos tanto fórmulas de entendimiento para “cerrar” el Estado de autonómico, como vías de solución de la financiación del servicio de la Seguridad Social, o incluso un pacto local que hizo del urbanismo la principal fuente de financiación de los municipios españoles. Abstracción hecha de los éxitos y fracasos cosechados, que de todo ha habido en la viña del Señor, lo cierto es que el anuncio de la firma de un pacto de Estado era sinónimo del comienzo de una suerte de tregua de Navidad: el objeto del pacto delimitaba un espacio en el que los gritos y los improperios callaban o, cuando menos, reducían su volumen y dejaban paso a la reflexión y el sosiego. Los pactos de Estado parecen ser cosa del pasado, o bien sirven como nuevo espacio de polarización desde el mismo momento que su ofrecimiento incorpora ya una opción ideológica y no una modesta y pacífica denominación descriptiva.
