A instancias del PSOE se aprobó una moción para apoyar a las universidades públicas

Durante la sesión del pleno ordinario del pasado mes de abril, el PSOE de Galapagar preguntó al alcalde, Daniel Pérez Muñoz, sobre su máster universitario en Derecho Autonómico y Local, cursado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el mismo máster que supuestamente habría cursado la dimitida ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

En concreto, los Socialistas de Galapagar le preguntaron “si podía poner a disposición del Pleno las pruebas y documentos que acreditasen que había cursado y superado las pruebas que acreditan el título de Máster y si podía mostrar al Pleno el Trabajo Fin de Máster (TFM)”.

El alcalde –según nota de prensa del PSOE de Galapagar- se remitió al comunicado de prensa publicado semanas atrás donde declaró que tenía correos electrónicos y documentos que demostrarían que hubiera cursado el máster y realizado el TFM, “y por tanto no contestó a ninguna de las preguntas que realizó el Grupo Municipal Socialista”.

Además, el PSOE de Galapagar presentó una moción que resultó aprobada, donde se expresaba “el apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y al conjunto de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que constituyen un referente en el contexto nacional e internacional en términos de prestigio y calidad docente e investigadora”.

También, “se instaba a la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) a hacer una declaración institucional que defienda los principios de igualdad y transparencia en la gestión de la Universidad pública madrileña, mostrando el máximo celo en detectar y denunciar las posibles prácticas irregulares”.

Además, se manifestaba “la defensa por la independencia de la universidad pública, como elemento vertebrador de nuestro sistema democrático y se instaba a todos los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid a buscar alianzas parlamentarias con la capacidad de aglutinar acciones concretas que sirvan para situar a las instituciones en los valores de credibilidad y dignidad que la ciudadanía madrileña se merece”.

La moción presentada por el Grupo Municipal Socialista se aprobó por 11 votos, con la única oposición de los 10 votos del Partido Popular.