El ex concejal de urbanismo, Santiago Fernández, firmó la devolución de 100.000 euros a un proveedor, con dos sentencias en contra

El Ayuntamiento de Torrelodones celebró el pasado viernes  un Pleno extraordinario para declarar “la lesividad por interés público” de una actuación del ex concejal de urbanismo y medio ambiente, Santiago Fernández.

Los hechos se remontan al 19 de marzo de 2019, poco antes de su salida del Ayuntamiento. Su actuación se basó en un “sorpresivo informe de un técnico de su departamento”, relatan desde el Partido Popular de Torrelodones. “Pese a reconocer que no se habían ejecutado correctamente las obras de un muro de contención en la zona de los Bomberos (hace unos 20 años), recomienda la devolución de un aval de más de 100.000 euros”.

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Rodolfo del Olmo

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Rodrigo Bernal

En estos años, explican desde el PSOE, ha habido dos sentencias favorables a los intereses del Ayuntamiento: la primera de junio de 2010 y la segunda, tras apelar la empresa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de marzo de 2012. En enero de 2019, casi cinco años después de que se le ejecutase el aval, “aparece un informe técnico en el que, en un folio, se despacha el asunto pero en el que se deja claro que los trabajos acometidos por la empresa no se ejecutaron correctamente, que hubo que encargar un estudio técnico para verificar el estado del talud y se encargó un proyecto técnico para el acondicionamiento paisajístico en el ámbito de la parcela de la que estamos hablando, que se ubica en la calle Ribadesella”, argumenta el portavoz socialista, Rodrigo Bernal.

En su defensa, el actual concejal de Urbanismo, David Moreno, indicó que el expediente se había iniciado “por error” desde la Concejalía de Urbanismo. Se ejecutó el aval en su momento y “la devolución no se ha producido

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David Moreno

porque hay un proceso en marcha”.

Lesividad

La declaración de lesividad es un instrumento contemplado por la ley para que los ayuntamientos y el resto de administraciones públicas puedan anular aquellos actos dictados por sí mismos que perjudiquen al interés público.

En un informe el secretario del Ayuntamiento asegura que “pese a esta sentencia, consentida y firme, y pese a que el aval ha sido ejecutado en fecha 18 de agosto de 2014, mediante resolución de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente nº 368/2019 firmada digitalmente el 19 de marzo de 2019, se acuerda la devolución del aval a Destajos, S.A”.

La falta de la fiscalización preceptiva del Interventor Municipal consiste en un quebrantamiento de la normativa aplicable, que conlleva la posibilidad de anular el acto administrativo, ya que esta omisión afecta de manera directa a la finalidad del acto. Esta ausencia de trámite tiene un efecto transcendente en el expediente por cuanto permite que se adopte un acuerdo que contraviene el ordenamiento jurídico y provoca graves daños a la administración pública, pues se acuerda devolver un aval que ya ha sido ejecutado y, además, correctamente según las sentencias mencionadas.”

Para los socialistas lo más grave es que los servicios jurídicos del Ayuntamiento detectan quince meses después de haberse iniciado el proceso para devolver 100.000 euros a la empresa “que no se había seguido el procedimiento y, además, sin que conozcamos que haya un soporte documental que justifique el inicio del expediente”. En el informe jurídico se dice que el acto es nulo de pleno derecho porque no había el preceptivo informe de intervención: “si para autorizar un pago hacen falta tres documentos, por poner un ejemplo, ¿cómo es posible que se ordene abonar nada más y nada menos que 100.000 euros de todos los vecinos de nuestro pueblo sin que estén todos los documentos y todos los trámites correctamente realizados?” preguntó Rodrigo Bernal en el pleno.

“Depurar responsabilidades”

En nota de prensa, el Partido Popular de Torrelodones, ha recordado que el ex concejal de Urbanismo, Santiago Fernández (ahora analista de la AIREF) es el esposo de la actual jefa de gabinete del ministro Escrivá y anterior alcaldesa de Torrelodones.

Desde el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Torrelodones han “exigido que el Ayuntamiento depure responsabilidades y llegue a las últimas consecuencias frente al perjuicio que este concejal ha ocasionado al Ayuntamiento”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, David Moreno, defendió a su antiguo compañero: “No creo que haya mala conciencia. Creo que se trata de un error que hay que subsanar”.