Desde tiempos inmemoriales se sabe que conviene combatir la pereza, madre de todos los vicios. La molicie puede resultar placentera al momento, pero inevitablemente nos conduce a la búsqueda de emociones con las que vivificar cuerpo y mente. No estando asegurado que esa búsqueda se encamine siempre hacia actividades beneficiosas para el conjunto de la sociedad, es tarea irrenunciable de los gobiernos procurar ocupación constate a sus ciudadanos. El votante ha de ser entretenido y distraído en la triple acepción del término: divertido, despistado y defraudado.
Nuestros cargos políticos, sindicales, académicos y benéfico-deportivos, conscientes de esta necesidad, cada día más acuciante, no cejan en sus desvelos por procurarnos —a nosotros, pobres mortales, contribuyentes constantes y votantes ocasionales— motivos para la algazara, dentro de un orden, y el festejo, contenido. Todavía no se han apagado los ecos de los fastos con los que evocamos los cincuenta años de la muerte, tras una agonía cruelmente prolongada por sus más próximos, del general Francisco Franco, cuando nos vemos enfrascados en la gozosa celebración del hecho inconcuso de que la vigente Constitución, de 1978, ha superado en longevidad a la de 1876. Se trata de una celebración de una pulcritud acrisolada: puede repetirse cuantas veces queramos de aquí a la eternidad, pues si el 17 de febrero de 2026 el sorpasso constitucional ya había tenido lugar, cada día que transcurra se hace mayor la brecha entre ambos textos fundamentales, lo que brinda nuevas posibilidades de conmemoración.
No ha de faltar, bien es cierto, agoreros y aguafiestas. Comenzando por el profesor Roberto Villa García que, llevado por un incomprensible gusto por el rigor y la precisión en el manejo de los datos históricos, acreditó en un artículo publicado en el diario El Mundo el pasado 18 de febrero, que estábamos ante “otra falsa efeméride”. Seguirán sin duda aquellos que apunten que no forma parte de las funciones constitucionalmente atribuidas a las cámaras parlamentarias servir de cobijo para festejos y celebraciones. A quienes tal digan bueno será responderles que convendrá dar uso a las instalaciones de las cámaras, otrora usadas para el debate y aprobación de las leyes. Abandonada la actividad legislativa y echada al olvido la de control de la acción de gobierno, algún aprovechamiento había que buscar a los palacios de la carrera de San Jerónimo y la plaza de la Marina española. Quedan, en fin, quienes apunten, insidiosamente, que no serán tantas las virtudes que adornen al objeto conmemorado cuando es preciso insistir en ellas. Seguro que apuntan, en particular, el proceso de difuminación de tantos preceptos del texto constitucional: solo centrando mucho la vista logramos leer las disposiciones dedicadas a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, las relativas a los presupuestos generales, o la elaboración de las leyes. Auténticas paparruchas de quienes parecen desconocer que no se logra la longevidad sin desprenderse de algunas pesadas cargas. Los procedimientos parlamentarios son innecesariamente largos y tediosos, las deliberaciones imprudentemente incómodas, pues en unos y otras se corre el riesgo de oír argumentos distintos de los propios que nos han dudar de nuestras convicciones. Y no es bueno que el votante dude; como alertara hace prácticamente un siglo el conde de Romanones, hombre versado en estas artes, “es preciso llevar al ánimo del elector que solo son perfectos los hombres cobijados por la bandera defendida” y que los demás, podríamos añadir en el aniversario de la Sanjuanada, no son rivales sino enemigos a los que es preciso batir en buena o mala lid. Es la consideración schmittiana de la política, a la que sagazmente han vuelto los ostentadores —y detentadores— de los cargos: la prefiguración de la guerra civil por otros medios.
Al momento de redactar estas líneas se anuncia la desclasificación por el Gobierno de la documentación relativa al intento de golpe de Estado del 23F de 1981. Otra conmemoración en forma de concesión graciosa que evita la reforma de la Ley de secretos oficiales que haga de la desclasificación una consecuencia automática del transcurso del tiempo y no de la voluntad del gobernante de turno.
