Insultos foráneosLUIS POMED

Hace escasos días, el vicepresidente segundo del Gobierno, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la asamblea de ministros nos hizo partícipes de su deseo de naturalizar que, en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública […] lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto, en las redes sociales”. A renglón seguido añadió, para que no cundiera el pánico, que “el Derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos a todo el mundo para emplearlos”. Si a ustedes les parece, vayamos primero con la apuesta, que ya habrá tiempo de volver sobre la elegante apelación al garantismo jurídico.

Afirma nuestro vicepresidente por antonomasia que “en una democracia avanzada”, debe “naturalizarse” el sometimiento de las personas de relevancia pública a la crítica y al insulto. Es cierto que el señor Iglesias parece limitar los efectos beatíficos de esta naturalización exclusivamente a los insultos y críticas proferidos y vertidas en las redes sociales. Pero también lo es que no precisa si se trata de redes sociales digitales o en su pensamiento integra también las analógicas, de modo y manera que el simpático y tradicional insulto dirigido desde tiempos inmemoriales en nuestros mesones y tabernas a una persona por su identidad u orientación sexual debe naturalizarse, siempre, claro es, que el destinatario de esa sutileza sea juez, pongamos por caso.

Habrá pasado quizás inadvertido el uso de la locución “democracia avanzada” para referirse, entiende este modesto escribidor que no goza de presencia pública alguna, a nuestro país, también conocido por el nombre de España. Mal hará quien no preste a este hecho la mucha atención que merece. A este respecto, no estará de más recordar que en el preámbulo de nuestra Constitución la Nación española, sujeto constituyente, proclama su voluntad de “establecer una sociedad democrática avanzada”. Esa misma en la que, según nuestro vicepresidente segundo, vivimos felizmente. Ignoro si la consecución del objetivo tuvo lugar al tiempo en que se publicó oficialmente su nombramiento como miembro del Gobierno, o si estamos ante el inicio de una nueva época que deje atrás “el régimen del 78”, al que en tan poco tienen quienes le deben no solo la legitimidad de su poder sino también la nómina que perciben a fin de mes.

Lo que difícilmente habrá caído en saco roto es la decidida apuesta por “naturalizar” el insulto. En este punto yerra nuestro vicepresidente segundo al elegir el verbo. Naturalizar significa, según la segunda acepción que del verbo recoge el diccionario de la Real Academia, “introducir y emplear en un país, como si fueran naturales o propias de él, cosas de otros países”. Inventarán ellos, pero desde luego poco nos enseñaran en materia de insultos, así que no venga usted, por muy vicepresidente segundo que sea, a postular la absurda necesidad de importar a la patria una costumbre como la del insulto, que tan a gala tenemos.

En lo que sí acierta es en que esa costumbre es ajena a una sociedad democrática. La democracia apuesta decididamente por el diálogo entre ciudadanos libres e iguales. Si una democracia puede ser calificada de avanzada, constituirá asimismo una sociedad civilizada, entendiendo por tal aquella en la que los ciudadanos no se humillan entre sí, y decente, calificativo con el que designamos aquellos casos en los que el poder público no humilla a sus ciudadanos. El insulto es siempre una humillación, un acto de violencia verbal, levanta una barrera frente al diálogo y estigmatiza a quien es víctima de la agresión. Quienes se insultan no discuten sino que riñen y quien es destinatario del insulto no puede replicar sino contraatacar.

Si esto es así, y acaso podamos convenir en que lo es, no acaba de entenderse muy bien cómo desde un poder público resultante del ejercicio de derechos de ciudadanía en una sociedad democrática avanzada, pueda postularse la introducción de una especie ajena al ecosistema democrático, especialmente dañina y tóxica. Resulta de todo punto imposible introducir en una sociedad democrática, sin que su salud se resienta, un hábito que permite tratar peyorativamente a quienes solo pueden ser considerados nuestros iguales y por eso mismo merecedores de respeto.

Reconozco, en fin, que la propuesta de nuestro admirado vicepresidente segundo tiene indudables virtudes prácticas y su aceptación permitiría recuperar tradiciones que creíamos olvidadas, o que algunos quisiéramos olvidar. Recuerden, si no, cuán clarificadora resultaba, en la España del franquismo, la distinta caracterización de una persona con minusvalía como “caballero mutilado” o “jodido cojo”. Fíjense si resultaba útil que solo el primero gozaba de presencia pública, en tanto que el segundo la padecía.

No quisiera despedirme de ustedes y desearles un feliz verano libre de virus sin añadir que no será bueno que las cosas se salgan de madre, es decir, de su cauce natural. Pero también que quizás quienes disfrutan tanto de su presencia pública deberían saber encauzar las aguas antes de que se salgan de su madre. Los jueces nunca podrán reparar una atmósfera social degradada y es evidente que, cuando menos, el insulto degrada el ambiente.