LUIS POMED
La democracia es la forma de gobierno que mejor responde a nuestra naturaleza esencialmente falible. Precisamente porque errar es humano, importa mucho evitar que nuestras decisiones sean irreversibles. No habrán de faltar, por supuesto, los partidarios del “sostenerla y no enmendarla”, como también existen defensores de las más disparatadas teorías de la conspiración y puede añadirse que la terquedad en la defensa de dichas teorías es directamente proporcional a los sinsentidos con que se aderecen. Pero no parece que en materia de gobierno hayamos de conducirnos por la ignorancia o la ramplonería, sino, más bien, por el buen juicio y búsqueda de las mejores soluciones posibles.
Para evitar que nuestros errores sean irreparables, la democracia se asienta sobre la idea feliz del gobierno limitado. Tanto en lo que hace al tiempo de disfrute del poder, con renovación de mandatos, cuanto a las decisiones en sí mismas consideradas, dividiendo entre diferentes titulares las diversas funciones y potestades públicas, que atribuye en ocasiones con carácter privativo y otras de manera compartida. En uno y otro caso, es propio de las democracias acompañar la toma de decisiones de mecanismos de revisión y fiscalización de su corrección procedimental y, en ocasiones, sustantiva. La historia de la democracia es el relato de la búsqueda de una ordenación racional del equilibrio de poderes, de la definición de los frenos y contrapesos que conviene establecer entre ellos para que el poder controle al poder y evite la comisión de fallos irreversibles.
Si esto es así, mal futuro puede augurarse a la democracia cuando las propuestas que se defienden en la lid electoral son frontalmente contrarias a ese gobierno limitado. Aun cuando tuviera razón don Enrique Tierno Galván cuando sostenía que los programas electorales estaban para incumplirlos, no deberíamos olvidar que ese incumplimiento no es fruto de la insinceridad de los políticos, sino uno de los grandes logros de la democracia y pone de manifiesto la fuerza retardataria de la que conviene que goce la oposición. De manera que una de las virtudes de la democracia radica en que los votantes del partido gobernante lleguen al final de la legislatura razonablemente insatisfechos porque no se han realizado todas las promesas electorales, en tanto que los votantes de la oposición respirarán aliviados al constatar que el país no se ha convertido en el espacio inhabitable que temían.
¿Pero qué puede suceder cuando las dos fuerzas políticas que compiten por la presidencia de un país plantean un auténtico órdago a las bases de la convivencia cívica y lo hacen, además, sin apoyo popular cualificado? Ese es el panorama que presenta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que el Perú celebrará el 6 de junio de 2021 y donde se enfrentarán un candidato de ultraizquierda (Pedro Castillo, de Perú Libre) y la procesada hija del expresidente Alberto Fujimori (Keiko Fujimori, de Fuerza Popular). Entre los dos apenas sumaron el 30 por ciento de los votos válidos en la primera vuelta, lo que no les ha impedido, porque no se han parado en barras, prometer una nueva Constitución y la (re)instauración de la “demodura” (combinación de democracia con mano dura), respectivamente. Es curioso que quien postule esta “demodura” sea precisamente una candidata para quien la Fiscalía pide treinta años de prisión por su posible participación en el “caso Odebrecht”, como también lo es que el profesor Castillo se empecine en hacer de los actos de campaña espectáculos para la humillación y el escarnio de su contrincante. Queda el consuelo de que posiblemente, cuando los ciudadanos peruanos tengan que enfrentarse con la decisión de optar entre la estulticia y la corrupción se encuentren en óptimas condiciones de responder a la famosa pregunta con la que se abre la extraordinaria novela de Mario Vargas Llosa, “Conversación en La Catedral”. Sabrán, entonces, que el Perú se acabó de joder al finalizar el recuento de los votos y proclamar presidente electo. O electa.
