La “Gaceta de Madrid” correspondiente al 5 de julio de 1924 publicó un real decreto de la Presidencia del Directorio Militar con la enésima amnistía de nuestra azarosa historia contemporánea. Las semillas de esta medida de gracia se habían plantado tres años antes en las montañas del Rif.
Fue allí donde perdieron la vida hasta doce mil efectivos del Ejército español tratando de hacer realidad la ilusión, acaso podríamos denominarla ensoñación, de pacificar el territorio otorgado al Reino de España para que siguiera creyendo que todavía era una potencia colonial. Españoles y rifeños leales encontraron la muerte como resultado de las bravuconadas de unos mandos militares petulantes en su ignorancia, unos políticos complacientes y, se decía, un rey que gustaba de jugar a los soldaditos con el destino de sus súbditos. Sin olvidar, claro es, el salvajismo de unos rebeldes que no dudaron en pasar a degüello a quienes se habían rendido y entregado sus armas.
El “desastre de Annual” conmocionó al país y provocó una crisis de gobierno, obligando a la formación de un gabinete de concentración monárquica, el último presidido por el conservador Antonio Maura. El ministro de la Guerra, Juan de la Cierva, encargó al general Juan Picasso el estudio de las causas que habían llevado a la tragedia. El malagueño, fiel a la mejor tradición militar, asumió con lealtad el encargo y lo llevó a efecto con rigor y seriedad. Hasta el punto de que el “expediente Picasso”, resultante de la instrucción llevada a cabo por el laureado general, donde se ponían de manifiesto múltiples errores y negligencias, la temeridad del alto mando y la corrupción generalizada en el Ejército de África, acentuó todavía más la crisis de legitimidad de la Restauración.
En homenaje a los usos y costumbres castizos de la política decimonónica, los prohombres del momento hallaron la “solución” a este problema de legitimidad en el pronunciamiento del entonces capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera. En el manifiesto dirigido al país el 13 de septiembre de 1923, el general, tras declarar que “no tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone”, dedicaba todo su esfuerzo intelectual precisamente a lo innecesario: justificar el golpe de Estado. Entre las razones afloraba una y otra vez la responsabilidad por el desastre de Annual: “Asesinatos […] audaces e impunes atracos; depreciación de moneda […] rastreras intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia de Marruecos; incertidumbres ante este gravísimo problema nacional […] descarada propaganda separatista; pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades”.
Esas pasiones se suponían extinguidas el 5 de julio de 1924 con la exención de responsabilidad y la impunidad de quienes condujeron al Ejército al desastre. Ni que decir tiene que la medida “pacificadora” extendió sus efectos más allá de los cuartos de banderas, comprendiendo, entre otros, a un Miguel de Unamuno a quien meses antes el Directorio le había desposeído de su cátedra e impuesto el extrañamiento a la isla de Fuerteventura. Don Miguel dio muestra de una independencia de espíritu impropia de estos lares y, en lugar de reintegrarse a la vida civil mesetaria, prefirió el exilio en París, libre de servidumbres.
Como bien sabe el lector, la amnistía del verano de 1924 no restauró un edificio institucional que presentaba todas las características de la ruina inminente. Ni tan siquiera permitió aliviarse de su pesadilla personal a un monarca que, en un alarde de frivolidad, nombró jefe de su casa militar al general Berenguer, alto comisario en Marruecos durante el “desastre” y que tanto contribuyó posteriormente a la caída de la monarquía.
Recuerde el lector que, en opinión de Hegel, todos los grandes hechos de la historia se repiten. No olvide tampoco que Marx complementó esta observación añadiendo que la primera vez ocurren como una gran tragedia, o desastre, y la segunda como farsa.
