Luis Pomed Sánchez
Poniendo el foco sobre las deficiencias que aquejan a la participación política se ha calificado a nuestra democracia de episódica. Periódicamente, los ciudadanos acudimos a las urnas y designamos a quienes, movidos por una irrefrenable vocación de servicio, habrán de ejercer las funciones públicas. Cumplimentado el trámite, volvemos al letargo político del que, por lo común, solo nos sacará la publicación en el diario oficial correspondiente de una nueva convocatoria electoral. Advertidas las carencias y riesgos que esta situación entraña, se han sucedido las propuestas y alternativas destinadas a incrementar la participación democrática, es decir, el ejercicio de los derechos de ciudadanía. De entre ellas quisiera destacar ahora dos que si no es seguro que nacieran en la mente de nuestros políticos, resulta indudable que han contado con su entusiasmado beneplácito: la repetición constante de elecciones y la campaña electoral permanente.
En efecto: vivimos en la campaña electoral permanente. La incapacidad para formar mayorías de gobierno estables y el traslado del centro de gravedad de la política desde los partidos a los gabinetes de comunicación, han propiciado el actual orden de cosas. Contrariamente a lo que sucede en la política de gestión, donde se trata de lograr consensos y de facilitar el acuerdo con el adversario, en la política electoral es necesario acentuar el disenso, las diferencias que nos distinguen del enemigo. Es preciso adelantar la defensa, presionar al rival y no dejarle avanzar ni hacer su juego, cerrarle todas las salidas, sin reparar en gastos. Si el lector no comparte el símil futbolístico, puede recurrir a la distinción weberiana entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Ambas son necesarias en políticas pues si solo existe aquella será imposible la gestión de lo público en un marco democráticos y solo se práctica la ética de la responsabilidad se caerá en una especie de quietismo político.
Viene todo esto a cuento porque la reciente formación del primer gobierno nacional (se trata de una práctica habitual y fructífera en las comunidades autónomas y entes locales) de coalición representa una nueva manifestación de esa campaña electoral permanente. Si antes se concedían los famosos “cien días de gracia” a los ejecutivos entrantes antes de valorar su gestión, en esta ocasión ni la oposición —política y mediática— ha respetado esta tregua, ni el propio gobierno parece haber pensado en ello. Por otro lado, la clásica sinonimia gobierno-consejo de ministros deberá buscar un tercer término, el de asamblea de ministros, pues como bien mostraron las imágenes de su primera reunión, la mesa en torno a la cual se reúne el órgano colegiado no basta para acoger a tantos comensales. No se sabe, en fin, cuántos gobiernos convivirán en torno a esa mesa, pues la distribución de carteras parece haber sido hecha con la finura de un reputado cirujano, separando cuidadosamente los centros directivos con responsabilidades ejecutivas y peso presupuestario de aquellas otras parcelas en las que la pura acción política partidista no ponga en riesgo la coherencia y rigor de la gestión gubernamental. No ha habido engaño alguno pues como reconociera el flamante nuevo ministro de Universidades, por más que no guste, esto es lo que hay si no se quiere volver a la intemperie de las clases pasivas o de la oposición.
Comoquiera que vivimos en la campaña electoral permanente y se trata de reforzar los perfiles que nos distinguen del rival, ninguna esfera de lo público es ajena a la competencia partidista. Los gabinetes de comunicación no hacen prisioneros y no suelen caracterizarse por su escrupuloso respeto a las instituciones de garantía y control democráticos. Quien fuera presidente del Tribunal Constitucional, el profesor Francisco Tomás y Valiente dejó dicho algo que no debiéramos olvidar si no queremos naufragar en una democracia de ínfima calidad: “La vida y el prestigio de las instituciones depende tanto de lo que ellas hacen como de lo que se hace con ellas”. En nada contribuye a reforzar ese prestigio el bloqueo consciente de las renovaciones de las instituciones incumpliendo con jactancia un mandato constitucional, o algunas designaciones, en plural, que pueden arrojar sombras de duda sobre la credibilidad y prestigio de autoridades y órganos creados para la realización de valores constitucionales como la estabilidad presupuestaria y la defensa de la legalidad.
