La licencia se otorgó en marzo de 2019

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 7 de Collado Villalba ha abierto diligencias por un presunto delito de prevaricación urbanística contra los responsables de la concesión de una licencia de obras para la edificación de una residencia geriátrica privada en una urbanización de la localidad, situada en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, según informan desde la propia urbanización.

En concreto, a raíz de la denuncia interpuesta por la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Vallefresnos. El Juzgado ha estimado el recurso presentado por la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que se solicita la apertura de diligencias por “(…) la posible perpetración de delito de prevaricación urbanística del artículo 320.1 ó 2 del Código Penal, sea por parte de funcionario o funcionarios que emitieron informe favorable al otorgamiento de licencia en el expediente tramitado para el otorgamiento de licencia de obras para construcción de una residencia geriátrica en las parcelas 83 y 50 de la Urbanización Vallefresnos de la localidad de Guadarrama (…)”.

Expediente

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 7 de Collado Villalba requiere al Ayuntamiento de Guadarrama para que aporte copia completa del expediente tramitado para el otorgamiento de la licencia de obras a Promociones Jeroferna, S.L. Esta licencia se concedió en marzo de 2019 cuando el Consistorio estaba gobernado por Carmen María Pérez del Molino.

Los vecinos afectados

Los vecinos de Vallefresnos denunciaron que el otorgamiento de esta licencia permitiría la tala de cerca de 50 árboles de las parcelas afectadas. Los terrenos cuentan con alrededor de un centenar de árboles con un diámetro basal mayor de 20 centímetros, de los cuales la gran mayoría son fresnos con un mínimo de 50 años y tres son robles centenarios. Dos de estos robles, de 168 y 108 años de antigüedad, fueron extraídos en marzo de 2019 para ser trasplantados.

La Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid prohíbe en su artículo 2 la tala de todos los árboles protegidos por esta normativa: ejemplares de cualquier especie con más de diez años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo. Esta misma Ley regula los casos en que el arbolado se vea, necesariamente, afectado: “… por obras de reparación o reforma de cualquier clase, o por la construcción de infraestructuras, se procederá a su trasplante”.

“Los vecinos han puesto en duda desde hace años que un negocio privado pudiera ser causa necesaria para la tala de casi 50 árboles protegidos”, y denunciaron en repetidas ocasiones irregularidades en la tramitación de la licencia.

La opinión del Ayuntamiento

Por su parte, en abril de este año, en rueda de prensa la entonces alcaldesa Carmen María Pérez del Molino aseguró que “Se trata de una parcela de suelo urbano consolidado. Es de equipamiento, permite el uso social y sanitario, como es el caso de la residencia”.

“La empresa ha pedido licencia para construir y este Ayuntamiento tiene que informar. No hay ningún componente político”.

Carmen María Pérez del Molino explicó que, al ser un acto reglado hay que escuchar a los técnicos municipales. “Estos han informado que es viable y nosotros en la Junta de Gobierno dimos la licencia”.