Luis Pomed Sánchez
A través de la elegante pluma de Antonio Machado, recordaba el maestro Juan de Mairena que uno de sus discípulos le dio a leer un texto que había redactado sobre la inconveniencia e inanidad de los banquetes. El escrito se estructuraba en cuatro grandes epígrafes dirigidos contra quienes aceptan banquetes en su honor, por fatuos; contra quienes los rechazan, por hipócritas; contra los asistentes a banquetes en honor ajeno, por parasitarios y contra quienes no acuden a dichos banquetes, por roezancajos y envidiosos. Admirado ante el estudio, el maestro inquirió a su discípulo acerca del título que pensaba darle y al saber que no pasaba de un impreciso “Contra los banquetes”, don Juan Mairena sugirió como mejor alternativa “Contra el género humano, con motivo de los banquetes”.
No quisiera yo pasar por roezancajo ni envidioso y desde luego este humilde texto no está dirigido, al menos no conscientemente, contra el género humano, con motivo de los premios. Lejos de mi ánimo y de mis fuerzas criticar el universo de premios que se despliega ante nuestros ojos en las más variadas facetas del actuar humano. Quisiera únicamente compartir con usted, amable lector, la perplejidad que me causa la concesión de premios a las instituciones públicas.
Etimológicamente, el sustantivo premio hace referencia a lo que uno toma antes que los otros y es sinónimo de prerrogativa y ventaja. La etimología coincide aquí, como tantas veces sucede, con la intuición que los hispanohablantes podemos tener de que con los premios se hace visible a alguien, se le eleva sobre los demás, mostrándolo como referente en nuestro afán de superación. Visto desde su envés, el premio es un digno, a la par que patético, esfuerzo por alzar un dique frente a la imparable ola del olvido que acabará por engullirnos a todos.
Pues bien, me pregunto a qué propósito sirve la concesión de premios a las instituciones públicas; ignoro si puede establecerse entre ellas una relación de paridad que es presupuesto indeclinable de la ventaja que el premio otorga y no tengo, en fin, ninguna duda de que la atribución a una de esas instituciones de una prerrogativa es algo que repugna a la conciencia ciudadana de un Estado democrático de Derecho.
Menudean los ejemplos y no faltará lector que recuerde un galardón concedido a su ayuntamiento, a la diputación provincial del pueblo donde veranea, la delegación de hacienda donde paga sus impuestos, o el tribunal donde por fin se dirimió aquel pleito que emprendieran sus padres en sus años de juventud. Mencionaré un ejemplo que está a la mano de quien quiera contrastar la información.
El día 19 de abril de 2017, el diario “ABC” nos regalaba el siguiente titular: “El TC, el CGPJ y el Banco de España, los más transparentes según el primer ‘ranking’ oficial”. Ni que decir tiene que quien perpetrara semejante titular no recibirá jamás el premio Cervantes, el Mariano de Cavia ni, me temo, su justo merecido. Quienes sean capaces de superar la angustia y adentrarse en el cuerpo de la noticia descubrirán que el reconocimiento fue el resultado de la evaluación de dos tipos de “transparencias”: la obligatoria, aquella que resulta del cumplimiento estricto de las previsiones de la ley y la voluntaria, que trasciendo esos límites.
Puedo aceptar que se elogie a quien vaya más allá del cumplimiento estricto de la ley, pero confieso mi perplejidad por el hecho de que se otorgue reconocimiento alguno a las instituciones públicas porque cumplan la ley. Creí entender durante mis años de formación que el sometimiento pleno a la ley y al Derecho era la fuente de legitimidad de la acción de esos poderes públicos y el mejor antídoto frente a la arbitrariedad. Hete aquí, sin embargo, que ese cumplimiento merece premio. ¿Se insinúa acaso que no es lo habitual entre nosotros?, ¿quierese decir que quienes desempeñan sus funciones merecen ser galardonados? Unas palabras del gabinete de comunicación del Consejo de Transparencia arrumbaron bibliotecas enteras sobre ética de la función pública. La reparación del daño deberá aguardar hasta que el señor ministro de Universidades asuma las funciones propias de su cargo, de haberlas.
