El Juzgado sostiene que la denuncia de Mariola Vargas y el Ayuntamiento contra Bernardo Arroyo está “plagada de meras especulaciones”
El Juzgado de Instrucción de Collado Villalba ha sobreseído la denuncia de Mariola Vargas y el Ayuntamiento local contra el que fuera primer teniente de alcalde, Bernardo Arroyo y otros miembros del tribunal opositor; a los que acusaron de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
En febrero de este año, la alcaldesa, Mariola Vargas, y el propio Ayuntamiento de Collado Villalba denunciaron al entonces primer teniente de alcalde y concejal de Ciudadanos, Bernardo Arroyo; y al exdirector de Recursos Humanos, Francisco Santandreu; por “un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios”.
La denuncia estaba ligada al procedimiento mediante concurso de oposición libre de una plaza de técnico de Administración General, TAG, grupo A-1; proceso de selección que se paralizó.
La denuncia de Mariola Vargas motivó además que Ciudadanos abandonase el equipo de Gobierno de Collado Villalba. En rueda de prensa, el propio Bernardo Arroyo calificó la denuncia como una “trama orquestada por la propia Mariola Vargas para cargarse un proceso selectivo; manchando el prestigio de un tribunal compuesto por funcionarios de altísimo nivel, solo con la finalidad de atacarme a mí”. Y ahora el juez de Instrucción de Collado Villalba le ha dado la razón.
Collado Villalba: Mariola Vargas denuncia a su primer teniente de alcalde, Bernardo Arroyo
“Meras elucubraciones del Ayuntamiento”
En su auto, el Juzgado de Instrucción de Collado Villalba califica la denuncia de Mariola Vargas como “meras elucubraciones del Ayuntamiento de Collado Villalba”.
El Tribunal de Selección estaba formado por Fernando González Botija (catedrático de Derecho Administrativo UCM); José María Ruiz Sánchez (interventor-tesorero de categoría superior); Mario Salcedo Redondo (jefe del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Majadahonda); Juan Antonio Cano Mombiela (secretario del Ayuntamiento de Becerril); Manuel Caballero La Torre (gerente adjunto de órganos centrales de la Administración de Justicia). Sin embargo, la denuncia solo se presenta contra dos miembros del Tribunal, además de contra Bernardo Arroyo y Francisco Santandreu. Algo que “llama la atención” del juez instructor.
En las oposiciones se presentaron diez solicitudes, pero únicamente tres concurrieron al examen y de ellas, solo dos hicieron el segundo.
El Juzgado hace hincapié además que ni Bernardo Arroyo ni Francisco Santandreu participaron en ninguna deliberación ni voto. “No consta que ninguno de los dos influyera en ninguna de las candidatas”. Asimismo, “no existe beneficio porque a ninguna de las candidatas se le ha atribuido la plaza, como podemos observar que falta la tercera prueba; la cual es decisiva para la obtención de plaza y las notas entre dos candidatas, son muy parejas”.
Bernardo Arroyo con Fernando González Botija en rueda de prensa. Imagen archivo
“No ha existido favorecimiento”
En la denuncia de Mariola Vargas contra Bernardo Arroyo y miembros del Tribunal se apuntaba que habían participado en cursos y seminarios; algo “normal” porque son profesores y catedráticos de derecho administrativo; “ello no puede atribuir un “complot” para beneficiar a alguien”.
El Ayuntamiento “especula” con un acto de favorecimiento “cuando no ha existido tal. Los miembros del tribunal tienen otros quehaceres y no han cobrado ninguna de las dietas”.
“Ni el Sr. Bernardo Abad ni el Sr. Santandreu participaron en la deliberación y fallo de ninguno de los exámenes”; según acredita el Juzgado de Instrucción.
Sí, incide en que resulta “irregular” la conducta de la secretaria del Tribunal “en relación a la redacción de las actas”. Asevera, además, el Tribunal que “no existe hecho objetivo alguno que muestre un trato de favor a una de las candidatas”. “La denuncia está repleta, plagada de meras especulaciones que adolecen de la debida rigurosidad”.
Algo en lo que ya incidió Bernardo Arroyo en rueda de prensa, “no hay prueba alguna de la parcialidad del tribunal, más allá de meras apreciaciones y valoraciones subjetivas de la alcaldesa, tergiversaciones y falsedades que no se sostienen”; explicó Bernardo Arroyo en rueda de prensa.
“Este proceso representa la forma de hacer política de Mariola Vargas, caracterizada por el enfrentamiento, la manipulación, la falta de transparencia y de escrúpulos”.
