“En respuesta a la rueda de prensa ofrecida el miércoles 30 de junio, por el Equipo de Gobierno, ASAFSUM quiere precisar los siguientes puntos:

 

La Sra. Biurrun ha manifestado, entre otras cosas que: apelamos a que cualquier acusación se base en hechos reales y en información fidedigna y que, aquellas personas que tengan dudas, preguntas o sospechas recurran a un ayuntamiento cuyo principal objetivo es la transparencia”. También añade: “Todos los indicios, que provienen de la propia Delegación de Gobierno, apuntan a una relación directa entre los hechos y los desahucios que se están produciendo en el municipio.” Y así mismo añade que, “Es bueno que, en estos momentos de desquicie, nos unamos más que nunca y colaboremos en transmitir un mensaje de tranquilidad, seguridad y confianza”

Estas palabras no son coherentes y se contradicen con los actos del Equipo de Gobierno que desde la misma noche de autos está tratando criminalizar a un grupo de familias ante los medios de comunicación y los vecinos de Torrelodones, basándose únicamente en las supuestas declaraciones de un presunto delincuente acusado de un presunto delito de incendio.

Desde ASAFSUM no vamos a responder a provocaciones, calumnias e injurias, asunto que ya se encuentra en manos de nuestros asesores legales, cuyos servicios nos prestan de forma altruista, porque toda esta campaña de persecución y derribo tiene el único propósito de desviar la atención del verdadero problema de fondo, que no es otro que la desastrosa política que en materia de gestión de vivienda pública han venido aplicando los sucesivos gobiernos municipales a través de SUMTOSA desde su misma creación, y el empeño de todos los grupos representados en este Ayuntamiento en ocultar su responsabilidad en la caótica situación en la que se encuentra la Sociedad Urbanística.

Este tema merece una profunda investigación, empezando por la Comunidad de Madrid y los propios partidos políticos para depurar responsabilidades dentro de sus filas.

Sentencias favorables

 Para empezar, el Equipo de Gobierno trata de presentar al grupo de familias afectadas por los desahucios como unos “ocupas” que carecen de cualquier legitimidad legal y moral para luchar por sus derechos y que están haciendo un uso ilegítimo de bienes sociales. En la actualidad hay, al menos 4 sentencias favorables a los inquilinos, y otras tantas pendientes de resolución por los Tribunales, dato que el Concejal de Urbanismo ha omitido intencionadamente. Además ha omitido también que en el Acta del Consejo de Administración de SUMTOSA, celebrado el día 26 de Marzo de 2009, en su punto 3 del orden del día, dice: “Dada la precaria situación financiera de la Sociedad Urbanística Municipal se decide, por unanimidad de todos los presentes, proceder a su liquidación previa venta de todos sus inmuebles, otorgando preferencias a los actuales inquilinos, a decidir en su día”. Esta intención se nos trasladó desde el primer momento por parte de SUMTOSA, tal como queda acreditado por el Juzgado 1ª Instancia e Instrucción Nº 7. Collado Villalba. Sentencia 00106/2011. Desahucio 1005/2009, en la que se dice textualmente: “… Este extremo da credibilidad a la existencia de negociaciones para la venta de las viviendas a los inquilinos, como sostiene la demandada y se deduce de los documentos de la parte actora a los que ya se ha hecho referencia” Se refiere en este punto al Acta del Consejo de Administración señalado en el punto 1. A este respecto también se pronuncia el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Collado Villalba. Sentencia Nº 137/2010. Desahucio 1019/2007: “…El efecto más relevante a efectos de la controversia de autos es que en Junta anterior a la demanda de autos la sociedad actora había acordado liquidar y ofrecer las viviendas en venta otorgando preferencia a los inquilinos” “Dicho extremo se da por probado ante las contestaciones evasivas de la actora en su interrogatorio. En dicho interrogatorio la Sra. XXXXXXX no negó ni la precariedad económica de la Sociedad, ni que existiera ese acuerdo de liquidación pretendiendo enmarcarlo en una más de las posibilidades pendientes de decisión” Igualmente, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 5. Collado Villalba. Sentencia 0019/2011. Desahucio 975/2009 dice: “… Este extremo, a juicio de esta juzgadora, da credibilidad a lo manifestado por la demandada de la existencia de negociaciones sobre la posibilidad de vender las viviendas y ofrecérselas con carácter preferente, extremo que queda corroborado con la testifical de otro inquilino del inmueble y por la documental en autos en donde se desprende que en Junta anterior a la demanda de autos, en el punto tercero del orden del día, la Sociedad actora había acordado ofrecer las viviendas en venta otorgando preferencia a los actuales inquilinos, dada la precaria situación financiera de la Sociedad” 

Concurso de viviendas

Desde SUMTOSA se nos ha transmitido además, que otra de las opciones para solucionar nuestro problema, pasaba por permitir que nos volviésemos a presentar a las bases de un nuevo concurso, como así se dice en el propio comunicado remitido por SUMTOSA a los medios de comunicación el día 9 de diciembre de 2009: “… El objetivo de la iniciativa es ofrecer un plazo para alojar a estas familias mientras solucionan su situación económica o social. Pasado ese período, deben abandonar las viviendas dando opción a otras familias en similares circunstancias, aunque los inquilinos que continúen en situación de necesidad pueden volver a participar en el nuevo sorteo de las viviendas”

El Concejal de Urbanismo afirma además en la rueda de prensa que el nuevo Concurso se celebró en al año 2007, extremo en todo punto falso, ya que dichas bases no han sido publicadas hasta el año 2012, alegando que no puede proceder a la convocatoria de un nuevo sorteo hasta que las viviendas no sean desalojadas.Este extremo queda nuevamente rebatido por el Juzgado 1ª Instancia e Instrucción Nº 7. Collado Villalba. Sentencia 00106/2011 Desahucio 1005/2009, en el que se dice: “…Por otra parte, resulta ridículo el argumento expuesto por la representante legal de la entidad demandante de que sea necesario desocupar las viviendas para sacar nuevas bases de adjudicación, cuando en el pasado otros adjudicatarios han optado a las viviendas estando ocupadas por los inquilinos anteriores”

Igualmente, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Collado Villalba. Sentencia Nº 137/2010 Desahucio 1019/2007 dice: “… No sólo a fecha de interposición de la demanda no estaba decidido qué hacer con las viviendas, sino que por los propios actos de la actora resulta desmentido que sea necesario desocupar las viviendas para sacar nuevas bases de adjudicación, cuando en el pasado otros adjudicatarios han optado a las viviendas estando ocupadas por los inquilinos anteriores” Y también el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 5. Collado Villalba. Sentencia 0019/2011 Desahucio 975/2009:

“…En definitiva, no sólo a la fecha de presentación de la demanda no estaba decidido qué hacer con las viviendas, sino que por los propios actos de la Sociedad actora, resulta desmentido que sea necesario desocupar las viviendas”

La convocatoria de dichas bases se realiza en mayo de 2012, es decir, casi 3 años más tarde de lo anunciado por el Ayuntamiento, contradiciendo lo que el Equipo de Gobierno sostiene respecto al fin social de las viviendas, porque uno de los requisitos para ser adjudicatario es acreditar rentas mensuales de 1.500 €, exigencia que deja sin opciones, no sólo a nosotros, sino a la gran parte de los vecinos de Torrelodones. No sólo esto nos impide presentarnos a las bases a los actuales inquilinos, sino también, y explícitamente, el artículo 7 ”Requisitos para ser adjudicatario”, punto F:

“No haber sido objeto de resolución de contrato de arrendamiento por alguna de las causas establecidas en la vigente LAU, o haberse negado la renovación del contrato en los últimos 5 años en una vivienda de titularidad pública, a contar desde la fecha de solicitud” .

El proceder de la Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones, y por extensión, del actual Equipo de Gobierno y sus predecesores, merece la siguiente consideración, según consta  “CONCULCAN LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE Y LOS FINES SUYACENTES A LA GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA, QUE AFECTA NO SOLO A LA DEMANDADA SINO AL CONJUNTO DE LOS VECINOS DE TORRELODONES, VERDADEROS PROPIETARIOS DEL SUELO SOBRE EL QUE FUE EJECUTADA LA OBRA PARA FINES PÚBLICOS”.

Estas, y no otras, son las únicas y verdaderas razones que explican la actual situación de las familias inquilinas, alguna de las cuales fueron afectadas directas por el repugnante acto vandálico.