AYUNTAMIENTO-TORRELa Cámara de Cuentas de la Comunidad ha realizado un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torrelodones durante el ejercicio 2012.

La adjudicación del contrato “Planificación, diseño, gestión, control, realización y asesoramiento y otras acciones de comunicación y promoción llevadas a cabo por el Ayuntamiento”, otorgado por 42.000 euros más IVA en el año 2012, fue “contraria a derecho”. Así se desprende del anteproyecto de informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Torrelodones y sus entidades dependientes durante el ejercicio 2012.

El contrato, para el que el Partido Popular presentó en aquel momento un recurso de reposición que fue rechazado, se otorgó a una “comunidad de bienes”, de la que formaba parte una persona física a la que posteriormente se le adjudicó el contrato.

Idea Hotel, ubicada en Peñascales (la misma empresa que ganó el concurso nuevamente el pasado año), era cuando se creó una comunidad de bienes. El artículo 54 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público (TRLCSP), establece que solo pueden contratar con el sector público personas naturales o jurídicas, por lo que la oferta presentada por la comunidad de bienes “debió ser excluida de la licitación. La adjudicación posterior a uno de los comuneros es, por tanto, contraria a derecho, deviniendo nulos de pleno derecho el resto de las incidencias derivadas del mismo”, tal y como recoge la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

También con respecto a este contrato, señala que “no hay una justificación real de la necesidad de contratar dicho servicio” e incide en la expresión “otras acciones de comunicación” recogida en la licitación. Según la Cámara de Cuentas “no es posible determinar con precisión el alcance de dicha expresión, lo que supone un incumplimiento del artículo 86,1 del TRLCSP”. Tampoco en los pliegos se especifica cómo han de realizarse las campañas publicitarias, contratas, duración, contenido, fecha, alcance, destinatarios. Tampoco el comité de expertos (formado por imperativo del artículo 150) que en su día valoró las ofertas “justifica” la forma en que se han tenido en cuenta los criterios, metodología y comparativa entre los licitadores. Esto, a juicio de la Cámara es un incumplimiento del artículo 150,2 del TRLCSP.

Pujar a la baja y alterar “de forma torticera”

El anteproyecto de la Cámara refleja también el contrato negociado y sin publicidad para el cierre de las pistas deportivas del colegio Nuestra Señora de Lourdes, y que fue otorgado con un único criterio para seleccionar las ofertas: el precio. Sin embargo, días antes de la finalización de la obra, la empresa adjudicataria solicitó un aplazamiento del precio de ejecución y un incremento del precio. Cuando concluyó la obra se reconocieron obligaciones por un importe de 156.677 euros, mientras que la adjudicación fue por 143.280 euros (IVA incluido), lo que supone un incremento del 9% sobre el coste previsto. El secretario del Ayuntamiento –según consta en el anteproyecto del informe de la Cámara- manifestó “no estar de acuerdo con la modificación, pese a lo cual informa favorablemente”.

A juicio de la Cámara de Cuentas “la práctica de pujar a la baja y con posterioridad solicitar una modificación del contrato para adecuar los costes reales a los contratos supone un grave incumplimiento de los principios de no discriminación e igualdad de trato que el ayuntamiento está obligado a observar, con independencia de que con estas prácticas se falsee el funcionamiento normal del mercado alterando de forma torticera los precios de puja”.

Ejecución fuera de plazo y fraccionamientos de facturas

Otros contratos, como el “Itinerario ciclista entre la Carretera de Torrelodones y la Casa de Cultura”, adjudicado por 83.841 euros, o “La creación de un eje peatonal y ciclista entre el pueblo y los colegios”, por 155.807 euros, se recepcionaron meses después de finalizados los plazos de ejecución. “El Ayuntamiento debería haber impuesto penalidades por retraso o incumplimiento”. Máxime cuando el criterio de adjudicación en el último caso fue el plazo de ejecución.

Señala el anteproyecto una serie de pagos, que deberían haber sido formalizados como contratos y en los que el Ayuntamiento “no ha aportado documentación” que justifique la tramitación de un expediente. Estos son:  Senda Arroyo Trofas (19.271 euros), poda de reducción de copas (21.414 euros), compra de árboles para replantación (43.480 euros), honorarios de trabajo de poda (21.525 euros), trabajos de acondicionamiento de parcela municipal para construcciones de huertos urbanos (60.499 euros) y diseño de planificación y realización del programa camino escolar en los centros educativos (25.119 euros). Esto “supone incurrir en una vía de hecho que la administración contrata sin la elaboración del preceptivo expediente”.

También el anteproyecto del informe de la Cámara de Cuenta ha detectado “una serie de fraccionamientos de contratos con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad, procedimiento o forma de adjudicación”, vulnerando lo establecido en el artículo 86,2 de la TRLCSP. Son pagos “susceptibles de ser considerados fraccionamiento y agrupados por un único proveedor”. Estos son diversas facturas al mismo proveedor: compra de materiales de construcción (35.085 euros), canon mensual del servicio de conservación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público (100.363 euros); itinerario peatonal y ciclista entre pueblo y colegios (59.081 euros); trabajos de limpieza en zonas verdes (39.237 euros) y reparación, mantenimiento y conservación de colegios (31.632 euros). En total, 265.581 euros en diferentes facturas a cinco proveedores.

El Ayuntamiento ha anunciado que presentará alegaciones al anteproyecto de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.