La presa de Los Rosales, en Parquelagos, es propiedad de una entidad urbanística

La Asociación Ecologista del Jarama “El Soto” ha presentado un recurso contra la Confederación Hidrográfica del Tajo “por fraude de ley” . Considera que ha mantenido una concesión de aguas que no tiene el aprovechamiento para el que fue otorgada.

La resolución de la CHT, ahora recurrida, facilita el cambio del actual titular privado de la concesión al Ayuntamiento de Galapagar. “Tendrá que hacer frente a los elevados costes de mantenimiento actuales y a los futuros de la retirada definitiva de la presa”.

La presa de Los Rosales es una importante infraestructura, de 14 m. de altura y 230 m. de longitud, construida en 1968 sobre el arroyo de La Padrera;, un afluente del río Guadarrama. Destinada inicialmente al abastecimiento de la urbanización de Parquelagos (Galapagar), desde abril de 2007 se mantiene sin hacer uso de ese aprovechamiento, de hasta 555.000 m3/año, una vez que el Canal de Isabel II incorporó a todo el municipio de Galapagar a su red de distribución.

En distintas ocasiones la CHT ha constatado que el titular de la concesión, la mercantil “Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Ciudad Parquelagos”, no hace uso del aprovechamiento para el fin que se otorgó; “ni cumple con algunas de las condiciones de la concesión (instalación de caudalímetro)”; según indican los ecologistas. En estos casos la legislación determina claramente la apertura de un expediente de extinción (con la consiguiente retirada por parte del actual titular de las obras y construcciones (según prevé el art. 101 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas) o el inicio de una nueva concesión, que justifique un nuevo aprovechamiento y una resolución motivada”.

Expediente de extinción de la presa de Los Rosales

Señalan los ecologistas que “nada de lo anterior se ha realizado”. En su lugar, se ha emitido recientemente una resolución por la que se archiva el expediente de extinción. Se justifica que el aprovechamiento se mantiene activo, por la existencia de una modesta instalación de bombeo de agua para el riego de 0,5 has de praderas. “Una desproporción similar a mantener una piscina para el riego de unas macetas”, a juicio de la Asociación “El Soto”.

“La prórroga de la concesión actual facilitaría el traspaso de la titularidad de la concesión, que el Ayuntamiento de Galapagar pretende”; según anunció su representante en la visita oficial a la presa del pasado 19 de octubre. Para los ecologistas, de producirse el cambio “trasladaría a los vecinos de Galapagar las costosas obligaciones actuales de mantenimiento de una importante infraestructura destinada en la actualidad a un uso marginal. “Pero sobre todo sería la institución local la que tendría que hacer frente en el futuro a los elevados costes de la retirada de esa ocupación temporal del Dominio Público Hidráulico. Liberando al actual titular de la presa de Los Rosales, en Parquelagos, de unas obligaciones económicas muy importantes derivadas de la aplicación de la Ley de Aguas. Un daño a la hacienda municipal inaceptable”.

Otros casos, como el de Torrelodones

En la Comunidad de Madrid ya se han producido otros casos de traspaso de las obligaciones de los particulares a los ayuntamientos con el consiguiente impacto en los presupuestos públicos. “Es el caso de Torrelodones y la presa de Peñascales, supuestamente “comprada” en 2014 a los promotores inmobiliarios de la cercana urbanización por 500.000 euros”. Los ecologistas recuerdan que “en realidad fue a cambio de la exoneración de deuda”, en la que ya se han invertido 600.000 euros de dinero público en mantenimiento.

Otro caso es el de la presa de Miraflores, el titular, el Ayuntamiento, “no dispone de director de la explotación, ni plan de emergencia ni hace mantenimiento alguno de la infraestructura”; mientras crece un área residencial al pie de la presa y a lo largo de las riberas del río Guadalix. En estos casos, “las instituciones locales suelen ocultar a sus vecinos la obligación que adquieren para hacer frente en el futuro a la inevitable y costosa retirada de estas instalaciones”; por ese motivo “suelen exagerar valores ecológicos o su aprovechamiento para enfrentar incendios forestales (algo que la propia Administración Regional, competente en la extinción de fuegos, ignora)”.

Restauración

Para los ecologistas es sorprendente “la actitud de la CHT, que viene facilitando con sus resoluciones el mantenimiento de estas barreras fluviales abandonadas”. Es el caso de la presa del río Aulencia, “auténtico depósito de lodos tóxicos”.

“Mientras el resto de las Confederaciones Hidrográficas están restaurando tramos fluviales mediante la retirada de algunos cientos de azudes y barreras, de las 171.000 que hay en España, la CHT solo ha retirado 2 azudes durante los dos últimos años en toda la cuenca del Tajo; ninguna en la Comunidad de Madrid a pesar de que hay ríos, como el Tajuña, con una barrera fluvial por cada poco más de 1 Km., la mayoría de ellas abandonadas desde hace años”.

Para los ecologistas, “la retirada de barreras fluviales es una importante herramienta de restauración fluvial y una obligación legal que debe llevarse a cabo prioritariamente por los titulares de las concesiones”. “Se impulsa por parte de los organismos de cuenca (la CHT, por ejemplo) para mejorar la calidad ecológica de las masas de agua y alcanzar los objetivos de calidad de la Directiva de Aguas”.

Los colectivos ecologistas “exigen” de la CHT que cumpla con sus obligaciones “de conservación, recuperación y restauración de cauces y la mejora de la calidad de las masas de agua en aquellos tramos afectados por infraestructuras abandonadas”. En el caso de la presa de Los Rosales, en Parquelagos, “debe retirarse el archivo del expediente y que las instalaciones se remuevan con cargo al titular de la infraestructura”; o bien “la apertura de un nuevo expediente de concesión si se justifica y motiva la permanencia de una barrera de 14 m. de altura y 230 m. de largo sobre el cauce de un arroyo”.