Un juez ha citado a declarar a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban

Carlota López Esteban, la alcaldesa de San Lorenzo, acudirá a declarar a los juzgados tras la querella presentada por varias familias por un presunto delito de prevaricación; al no reactivar una licencia para exhumar a sus familiares enterrados en el Valle de los Caídos.

La alcaldesa tendrá que declarar en el Juzgado de San Lorenzo el próximo 20 de diciembre.

Sobre esto, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado al respecto, donde aclara que la alcaldesa “asistirá gustosamente a dicha toma de declaración”.

Reitera, además, “que la concesión de licencias es un procedimiento reglado; que todos los acuerdos al respecto han sido adoptados por la Junta de Gobierno Local; en base a los preceptivos informes técnicos y jurídicos, y en cumplimiento de resoluciones judiciales”. Por ello, “queda excluida cualquier posibilidad de discrecionalidad o arbitrariedad”.

La querella contra la alcaldesa de San Lorenzo

Los denunciantes alegan un presunto delito de prevaricación de la alcaldesa por no reactivar la licencia de actividad municipal para que Patrimonio Nacional pudiera acometer obras para acceder a las criptas de la Basílica.

En la querella indicaban que el 24 de junio de 2021 se acordó por la Junta de Gobierno municipal conceder la licencia; pero, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este sentido, la alcaldesa dijo en el pleno municipal “que no reactivaría la licencia”. Para los denunciantes vulnera la reparación de las víctimas y sus derechos”.

Licencia de obras

Al respecto, a finales de agosto el Ayuntamiento de San Lorenzo emitió un comunicado donde aclaraba que “la tramitación de cualquier licencia es “un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes; y, por tanto, completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo, como se ha dado a entender”.

“El proceder del Ayuntamiento y de esta alcaldesa, en el caso presente como en todos, viene determinado por los informes que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han emitido una vez analizada la sentencia dictada por el Tribunal, ajustándose en todo momento a la legalidad.

El único interés de este Ayuntamiento, en este y en cualquier otro procedimiento en vigor, es cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente. Y, cómo no, las sentencias que pueda dictar la justicia, sin cuestionar esta alcaldía en ningún momento las resoluciones judiciales”