Rubén Díaz, portavoz de acTÚa

Rubén Díaz, portavoz de acTÚa

“El equipo de gobierno de VxT, siguiendo la política del PP nacional y con el sorpresivo apoyo del PSOE, ha aprobado la subida de tasas en un 90% de un servicio de alto valor social como es el de la educación de adultos”, ha criticado el Grupo Municipal acTÚa a través de una nota de prensa. “Esta es otra prueba más del desinterés por las políticas sociales de Vecinos por Torrelodones”.

Durante el Pleno, celebrado en el mes de julio, el Grupo Municipal acTÚa fue el único que defendió el mantenimiento de las actuales tasas de este servicio. “El equipo de gobierno de VxT, que ya suprimió de forma totalmente unilateral el servicio de atención psicológica a adultos que se venía prestando en nuestro municipio, continúa con su política de restricciones de servicios sociales”.

El servicio de educación de adultos se ocupa básicamente de las enseñanzas iniciales, nivel I y nivel II, equivalente a primaria, y cuyo objetivo es promover la adquisición de las competencias básicas necesarias para acceder a la ESO. Comprende también español para extranjeros, enseñanzas técnico profesionales consistentes en la preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos (antigua F.P.) a jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo, la preparación de las pruebas de acceso a universidad a mayores de 25 años y talleres de informática e inglés a un nivel elemental, no equiparable al de la escuela oficial.

“Subir estas tasas puede provocar que los mayores que hacen uso de varias de estas enseñanzas restrinjan por cuestiones económicas el número de las actividades que realizan o incluso las abandonen, con lo que la demanda de las mismas disminuirá y el equipo de gobierno de VxT, tendrá la excusa para justificar su supresión alineándose con la política del PP”, afirman desde acTÚa.

Para este grupo municipal, “en época de crisis se deben priorizar las necesidades sociales tal y como es la educación de adultos y por tanto se deben mantener las tasas actuales no aumentando la presión fiscal a los torrelodonenses, máxime si tenemos en cuenta la solvencia económica de la que hace gala el equipo de gobierno y que manifiesta en actuaciones como la contratación de asesores externos en relación a la negociación del convenio por un importe de 30.000 € o la última propuesta de contratación de mediadores, entre otros”.