El juicio oral contra el alcalde de Galapagar se abre tras la denuncia de la exsecretaria municipal en octubre de 2021

A tres días de las elecciones municipales, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Collado Villalba ha abierto juicio oral contra el alcalde de Galapagar y candidato del PSOE, Alberto Gómez; y dos tenientes de alcalde: Rosa María Encuentra (PSOE) y Felipe García (Ciudadanos); también contra Alfonso Garza, asesor del Ayuntamiento. Los motivos fue la denuncia que interpuso por un presunto delito de acoso laboral la exsecretaria municipal en 2021.

Una denuncia que el mismo juzgado sobreseyó provisionalmente en julio de ese año “por falta de pruebas”.

La exsecretaria municipal denunció “amenazas, presión e intimidaciones” desde diciembre de 2020 “por no firmar documentos que consideraba ilegales”; de acuerdo con su declaración y la información enviada entonces por el Partido Popular de Galapagar.

Por estos hechos, la funcionaria tuvo que acudir al médico con un cuadro de estrés y ansiedad, que motivó su baja laboral. Al parecer, semanas después conoció que estando de baja se había procedido a su despido sin comunicación alguna.

En su denuncia, la demandante asegura que tanto el alcalde, Alberto Gómez, como el primer teniente de alcalde, Felipe García, “querían que renunciara a su derecho a prorrogar su trabajo hasta los 70 años; como se negó comenzó el trato vejatorio y degradante”.

Apertura de juicio oral contra el alcalde de Galapagar

Al parecer, según diversas fuentes, el alcalde de Galapagar, Alberto Gómez, desconocía ayer la noticia que se difundió en los medios. En declaraciones a Tele Madrid, Alberto Gómez dijo “confiar en su inocencia y en la justicia para que se aclara la situación”. “Siempre ha combatido cualquier tipo de acoso”.

De igual forma, el primer teniente de alcalde, Felipe García, cree que “la justicia acabará archivando la denuncia”.

El juzgado que ha abierto juicio oral contra el alcalde de Galapagar y demás miembros les impone una fianza de 11.820,99 euros; mientras que la Fiscalía pide un año de prisión e inhabilitación para cargo público para todos ellos.